Monsanto investigó a periodistas para intentar desacreditarlos

The Guardian ha tenido acceso a documentos que demuestran que Monsanto adoptó una estrategia en diversos frentes para perjudicar a Carey Gillam, reportera de Reuters que investigó la relación entre un pesticida a base de glifosato producido por la empresa y el cáncer. Monsanto, propiedad del gigante farmacéutico alemán Bayer, también utilizó su «centro de inteligencia y respuesta» para vigilar a una organización sin ánimo de lucro que indaga sobre cuestiones alimentarias. Se trata de un departamento de la empresa denominado con el mismo término que usan el FBI y otros organismos de inteligencia para nombrar sus operaciones de vigilancia y antiterrorismo.

Los documentos, conocidos como «Los papeles de Monsanto» y que datan en su mayor parte de entre 2015 y 2017, salieron a la luz como parte de la batalla abierta en los tribunales contra los riesgos para la salud provocados por el herbicida RoundUp –nombre comercial del glifosato producido por Monsanto–. En esos documentos demuestran que:

– Monsanto planeó una serie de «acciones» para atacar el libro de Gillam, incluso antes de que fuera publicado. Llegaron a escribir argumentarios para terceros con los que criticar el libro y dirigir a «agricultores y profesionales» a la hora de publicar críticas negativas sobre el libro en sus redes sociales.

– La compañía pagó a Google para promover que en sus buscadores aparecieran resultados críticos con el libro cuando se tecleara «Monsanto glifosato Carey Gillam». El equipo de relaciones públicas de Monsanto también mantuvo conversaciones internas para ejercer una presión significativa sobre Reuters. Llegó a decir que «continúan presionando a los editores [de Gillam] en cada oportunidad que se presenta» y que esperaban «que la asignaran a otra cobertura».

– Los responsables del «centro de respuesta» de Monsanto escribieron un largo informe sobre el activismo del cantante Neil Young contra Monsanto, en el que se detallaba su impacto en redes sociales y se consideraba la adopción de «medidas legales». El «centro de respuesta» también siguió de cerca y redactó informes semanales sobre la actividad en redes de la organización no gubernamental US Right to Know (Derecho a saber, Estados Unidos, o USRTK por sus sigla en inglés).

– Empleados de Monsanto mostraron en repetidas ocasiones su preocupación ante la publicación de noticias sobre las relaciones económicas de la empresa con científicos que podrían ratificar las acusaciones de que «se encubrían las investigaciones poco favorables».

Las comunicaciones internas de la empresa echan leña al fuego de las acusaciones, de largo recorrido y actualmente ante la justicia, de que Monsanto ha presionado a científicos y activistas que han tratado de desvelar el peligro que supone el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. En el último año, dos jurados populares en Estados Unidos han fallado que Monsanto tenía responsabilidad jurídica ante demandas presentadas por quienes padecen de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer en la sangre, y ordenó a la empresa que pagara grandes cantidades de dinero a los pacientes. Bayer continua afirmando que el glifosato es seguro.

Gillam ha explicado que «siempre he sabido que a Monsanto no le gustaba mi trabajo e hizo lo posible para presionar a mis editores y silenciarme». La periodista, que colabora con The Guardian -y cuyas informaciones sobre Monsanto también ha publicado eldiario.es-, se ha convertido en responsable de investigación de USRTK y agrega: «Nunca imaginé que una empresa valorada en miles de millones de dólares gastaría tanto tiempo, energía y trabajo en mí. Es asombroso».

Gillam, autora de «Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science», un libro publicado en 2017 –que no ha sido traducido al español y podría traducirse como «Historia de un herbicida, el cáncer y la ciencia corrupta–, dice que lo desvelado en los papeles de Monsanto es «solo un ejemplo más de la forma en la que la empresa trabaja entre bastidores para tratar de manipular lo que sabe el público sobre sus productos y su comportamiento».

Monsanto tenía una hoja de cálculo llamada «Libro de Carey Gillam» con más de 20 medidas para oponerse al libro antes de que se publicara. Entre ellas había propuestas para «relacionarse con terceros favorables a la ciencia» a la hora de criticarlo y establecer alianzas con «expertos en SEO –posicionamiento en buscadores–», para expandir el alcance de los ataques. La estrategia de marketing de la empresa pasaba por pintar a Gillam y otros activistas como «activistas contrarios al glifosato y organizaciones capitalistas pro orgánicas».  

Gillam, que trabajó en la agencia de noticias Reuters durante 17 años, dijo a The Guardian que al poco tiempo de publicarse su libro recibió una cascada de valoraciones negativas en Amazon. Muchas parecían responder a un argumento común.  

Los centros de respuesta gubernamentales han provocado que aumente la preocupación en torno a la privacidad y sobre el modo en que diversas agencias de los gobiernos vigilan, recogen y comparten información sobre los ciudadanos. Existen empresas privadas que cuentan con centros de recolección de «inteligencia» en los que se trabaja ante amenazas criminales reales como los ataques cibernéticos, pero «es preocupante cuando uno ve que las empresas utilizan sus recursos para investigar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión», afirma Dave Maass, investigador principal de la Electronic Frontier Foundation, una organización que trabaja en el ámbito de la privacidad digital.  

David Levine, titular de la Cátedra Hastings y profesor de derecho en la Universidad de California, explica que no sabe de otras empresas que mantengan «centros de respuesta» de esas características. También que no le sorprende que Monsanto se haya implicado con tanta intensidad en seguimientos de el comportamiento digital de quienes se oponen a sus actividades.

Los documentos muestran también que Monsanto estaba preocupada por las peticiones de información sobre sus actividades amparadas por la Ley de acceso a la información pública (FOIA) y que los documentos sobre sus relaciones con investigadores son «potencialmente muy perjudiciales» y podrían «afectar al conjunto de la industria».

Fuente: https://www.eldiario.es/theguardian/documentos-Monsanto-maniobras-periodistas-activistas_0_929507410.html

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